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martes, 22 de marzo de 2011

La Universidad, uno de los peores enemigos de la Dictadura (1976-1983) por Vanina Montes

Introducción
El siguiente trabajo tratara de comprender porque la universidad fue el peor enemigo de la dictadura. Que herramientas utilizo esta para tratar de dividirla, despolitizarla y disminuirla durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Como reaccionaron los estudiantes, docentes y los ministros de educación de la dictadura.
Por ultimo veremos si los represores lograron, o no su objetivo.

Los inicios del Proceso de Reorganización Nacional

La represión en la universidad instalada en 1974 se acentuó en marzo de 1976. Mas precisamente 24 de dicho mes cuando las fuerzas armadas derrocaron el gobierno de la presidenta María Estela Martínez Perón, quien había sido electa vice presidenta por la formula Perón - Perón, que triunfo en las elecciones de 1973.Este golpe de estado, dio paso al denominado Proceso de Reorganización Nacional. (1)
Una parte importante de las victimas de la Dictadura Terrorista, eran miembros de las Universidades.
En el país ya existía un clima de "guerra interna" y la Junta Militar (2) puso en marcha su plan de "aniquilamiento de la subversión".
No fueron originales, ni para la matanza indiscriminada o poco dirigida de seres humanos (todos aquellos que no coincidían, o ellos así lo creyeran, con su régimen). Ya que en sus aspectos específicos la represión se inspiro en las experiencias de otros países del Tercer Mundo, en particular las que convirtiera en doctrina las fuerzas de ocupación francesas en Argelia. Aunque su elaboración fue domestica.
La junta militar consideraba que las detenciones legales, los juicios y las penas convencionales eran insuficientes para quebrar la resistencia del enemigo. Por esta razón la solución consistía en crear un "ejercito clandestino" de represores constituido por miembros de las fuerzas armadas en actividad e integrantes de las bandas paramilitares, que operaban desde los tiempos de López Rega, en la creación de grupos de tareas dependientes de los jefes militares de cada zona del país, en el desarrollo del Plan Batalla(3).
En el plano económico, si bien el ministro de Economía Martínez de Hoz, tuvo el aval para aplicar una fuerte reducción de los salarios, liberalizar del sistema financiero y reducir el gasto social, no corrió la misma suerte con sus planes de privatización y reformas de las leyes laborales y sindicales. Así mismo la política exterior genero serios conflictos internos: El presidente de facto Jorge Rafael Videla intentaba mostrarse moderado para contar con el apoyo de Estados Unidos a sus planes de apertura política, mientras Massera y los generales denominados "duros" no ocultaron su deseo de postergar esa apertura, y usar las fuerzas no solo para enfrentar opositores internos, sino también para resolver diferencias limítrofes y la soberanía sobre las Islas Malvinas.

LOS ESTUDIANTES, UNIVERSIDAD Y DICTADURA.

Como mencionamos anteriormente una parte importante de las victimas de la dictadura terrorista fueron miembros de la Comunidad Universitaria. Según un informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (conadep) un 21% de los desaparecidos eran Estudiantes. Algunos de ellos fueron secuestrados en el mismo ámbito donde estudiaban. Y un 6% eran docentes (4). La mayor parte de los estudiantes secuestrados fue asesinada en centros clandestinos de detención. Lo mismo ocurrió con algunas de las autoridades universitarias. El ex rector de la Universidad Nacional de San Luís, el filosofo Mauricio López, secuestrado en enero de 1977 y asesinado mientras era sometido a torturas.
Los militares sostenían que a través de la educación se difundía el "virus subversivo" que luego penetraba en todos los ámbitos sociales.
Del 24 al 28 de Marzo el Ministro de Educación de forma interina fue, un oficial de la armada, el contra almirante Cesar Augusto Guzzetti. Aunque el tiempo de su cargo fue muy corto, se dictaron resoluciones y leyes importantes que orientaron la función del siguiente mandatario, Ricardo Pedro Bruera.
El 26 de marzo, fundamentándose en el diagnostico de que "el problema de la subversión encontraba en las Universidades un campo propicio para su desenvolvimiento”; Videla dispuso que las Universidades quedaran bajo el control de Poder Ejecutivo. Se suspendieron los órganos de gobiernos colegiales, se dictamino la potestad del presidente para la designación de rectores y decanos. “prioridad para la Universidad Nacional" y se prohibieron las actividades gremiales y políticas explícitamente en el ámbito Universitario y la Ley 20.654, con una serie de artículos modificados. Se aclaraba que el ministro ejercía las atribuciones que los estatutos universitarios otorgaban a las asambleas universitarias: esto significa que dictaban las pautas generales de política universitaria en materia académica de las casas de estudio. Procedía al redimensionamiento, reordenamiento y no duplicación de carreras en el ámbito regional. Y establecía las normas administrativas y presupuestarias generales. Prohibía las actividades de "adoctrinamiento", "propaganda", "proselitismo" o "agitación de carácter político o gremial" y derogaba los artículos de la ley sustituyéndose un párrafo del artículo 11 que establecía que eran incompatibles con el ejercicio de la doctrina universitaria todas las actividades que se apartaran de los objetivos del proceso.
Para la inmensa mayoría de los dirigentes del nuevo régimen dictatorial, las universidades habían conformado unos de los principales organismos de " adoctrinamiento de los subversivos".
Las casas de estudios fueron redistribuidas entre las distintas fuerzas militares. Los primeros interventores fueron como vimos integrantes de las fuerzas armadas que ejercieron el gobierno de las instituciones por algunos meses, luego fueron remplazados por civiles de extrema derecha.

EL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIO

El 29 de marzo se dicto una resolución que disponía el cese de sus funciones de los rectores, consejos y demás cuerpos colegiales directivos.
Se designaron 24 delegados militares al frente de las Universidades Nacionales (había 26 Universidades Nacionales) (5).
Estos delegados debían designar a los encargados de las universidades, tenían todas las atribuciones y competencias que legalmente les correspondían a los titulares. Podían nombrar interventores y veedores según consideraran conveniente.
La dictadura militar se proponía llevar a cabo una profunda reestructuración del consejo del sistema universitario que, como en otros ámbitos de la política o de la cultura argentina, solo era posible mediante la represión y la desarticulación de las organizaciones políticas y sindicales.
A las desapariciones y asesinatos de estudiantes y docentes se sumaban las cesantías masivas.

El 29 de marzo fue nombrado ministro de Educación Ricardo Pedro Bruera (6), quien era profesor de la Universidad Nacional del Litoral. Quien restringió la autonomía de las Universidades Nacionales impidiendo crear nuevas carreras, facultades o unidades académicas equivalentes sin la previa autorización del Ministro.
En junio de 1976 Bruera resolvió que los delegados militares debían dictar al término de 10 días los reglamentos internos adecuados para preservar la disciplina general de los alumnos en las Universidades. Entre las faltas disciplinarias se debían caracterizar las que cometieran fuera de la universidad y las que constituyeran una amenaza a la seguridad nacional, para estas debería preverse la pena máxima que era la expulsión.
También se pedía a los rectores de las Universidades Privadas y Provinciales que remitieran en un periodo de 30 días la nomina completa de las personas integrantes de los organismos de gobierno y de todo el personal, con indicación de su número de documento personal, títulos, cargos, antecedentes y dedicación.
El cumplimiento de esta medida dio lugar a que solo en mayo de 1976 fueran separados de sus cargos más de 100 docentes de la Universidad Nacional del Litoral, 300 profesionales entre docentes y no decentes de la de Córdoba y 200 de la Universidad Nacional del Sur. Más de 100 estudiantes fueron expulsados también en la facultad mediterránea. A una gran cantidad de docentes cesanteados se les prohibió el ejercicio de su profesión en cualquier ámbito educativo.
El proyecto de Transformación Universitario contemplaba diferentes aspectos.
En primer término suponía un control estricto desde el punto de vista político e ideológico, pero también incluía un plan para reducir en términos generales la dimensión del sistema, redistribuir la matricula y canalizar hacia ámbitos extra universitarios las actividades de investigaciones científicas.
Se modificaban los planes de estudio de casi todas las carreras pero afectaba principalmente a las disciplinas que los militares identificaban como lugares de "penetración ideológica subversiva".
Carreras del ámbito de las Ciencias Sociales como: Psicología, Sociología y Antropología.
Carreras completas fueron suprimidas como Cinematografía, los profesorados de Humanidades, Matemáticas, Física y Química.



LA LLEGADA DE RECTORES CIVILES DE EXTREMA DERECHA.
Entre Agosto y Septiembre se sustanciaron nombramientos de rectores civiles que remplazaban a los delegados militares, entre ellos estaba uno de los porta voces mas importante del proceso en materia universitaria, el rector de la Universidad Nacional de La Plata (unlp), el medico veterinario Guillermo .G. Gallo (7)
Con respecto a los estudiantes extranjeros la mayoría provenientes de países vecinos, hispanohablantes del cono sur Gallo dijo: que había un "exceso" y muchos se radicaban en el país " restando fuentes de trabajo a los profesionales argentinos".
Sobre la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, así como el gobierno tripartito (profesores, estudiantes y graduados) aseguro que podía ser el ideal "pero no dejamos de reconocer que ese sistema llevo prácticamente al caos y la paralización de la Universidad Argentina".
Ricardo Bruera sostuvo en septiembre de 1976 que el sistema universitario estaba sobre dimensionado en relación a las enseñanza primaria y secundaria y que era necesario "invertir la pirámide". El instrumento privilegiado para llevar a cabo este objetivo fue un sistema de exámenes basado en la fijación estricta de cupos por carrera y facultades, y posteriormente la implementación de aranceles a los cursos universitarios.
Logrando restringir a los jóvenes el acceso a las casas de estudio.
En 1977 el número de vacantes fue reducido de un 24% en relación con 1976, pero en algunas universidades la proporción fue mayor. En Buenos Aires, las vacantes disminuyeron en un 59%, en Tucumán 50% y un 60% en córdoba.
Mientras al Sistema Universitario Nacional ingresaron 127.606 estudiantes en 1974, en 1977 el número descendió a 43.924.
Mientras tanto el presupuesto universitario de 1977 fue reducido en un 45% en relación con el año anterior.
El 21 de Abril de 1977 Bruera elevo su renuncia por diferencias con integrantes de la junta militar, siendo la primera producida en el gabinete nacional desde 1976.
El 28 de mayo fue remplazado por el general Abano Harguindeguy, quien era además Ministro del Interior. En junio del mismo año asumió Juan José Catalán, oriundo de Tucumán, Abogado, católico, había sido Ministro de Economía en su provincia de 1967 al 68. Catalán estaba relacionado con el ex Ministro de Justicia Jaime Perriaux, conocido como uno de los ideólogos del proceso. En septiembre de 1977 manifestó que era excesivo el numero de universidades - 26 estatales y 24 privadas- consideraba que el país no tenia los recursos materiales, humanos y el nivel académico suficiente como para sostener tantas.
Por su parte la perspectiva de Gallo tenia sobre las Universidades Publicas no era mas favorable "no podemos admitir que los padres que mandan a sus hijos a estudiar, corran el riesgo de que le devuelvan guerrilleros o cadáveres"(8)
Por esos días el Arzobispo de la plata, Antonio José Plaza, también advertía que los enemigos de la patria desplegaban su "accionar apátrida" en la universidad, "cuna y foco de la guerrilla organizada"
En Noviembre de 1978 es nombrado como nuevo ministro de educación el abogado Juan Rafael Llerena Amadeo, que contaba con la membresía de varios funcionarios del proceso. Fue el ministro que más permaneció en el cargo dos años y casi 4 meses. Durante su gestión en 1979 fue suprimida la Universidad Nacional de Lujan.
Con el pretexto de desterrar a la actividad política de las Universidades, se eliminaron los debates y la confrontación de ideas, considerados como elementos altamente corruptores de la vida académica.
A lo largo del año 1980 Llerena Amadeo firmo resoluciones muy discutidas y ampliamente cubiertas por la prensa.
El 22 de abril de ese año el ministro anuncio la sanción de la nueva ley 22.207, el objetivo principal de la nueva norma era "erradicar totalmente del régimen universitario la subversión" y producir la definitiva "normalización" del sistema.
Ahora era Llerena Amadeo el que decía que el ámbito universitario era uno de los  " sectores de la vida del país en donde con mayor intensidad actuó la subversión apátrida". (9) Los puntos mas importantes de la ley establecían que seguían las designaciones de rectores y decanos por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del ministerio, los cargos de rector, vicerrector, decano, vicedecano, y secretarios de Universidad, Facultad o Departamento “eran de desempeño incompatibles con el ejercicio de cargos directivos, político- partidario o gremiales” se establecía la posibilidad de fijar aranceles a la enseñanza, se ratificaba la vigencia de los exámenes eliminatorios para entrar a las facultades y los cupos de admisión. Habilitaba la creación de “carreras cortas” de menos de 5 años de duración. Los profesores estaban representados en la Asamblea Universitaria, Consejos Superiores y Consejos Económicos. Dentro de los 30 días de vigencia de la ley debían constituir en cada casa un “Consejo Asesor”. En el curso de 120 días los rectores tendrían que elevar un proyecto de estatuto a sus respectivas Universidades, luego de la aprobación debía organizar los concursos y la posterior designación de los profesores ordinarios.
Poco después se confirmo que arancelarían todas las universidades en el ciclo lectivo 1981 y Llerena Amadeo anuncio que a causa de estos  “ingresos extras” se reducirían los gastos de personal en un 2% y un 6% los de inversión universitaria.
En contra de la ley se hicieron oír la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), la Federación Universitaria Argentina (FUA), el especialista en derecho a la educación Héctor Félix Bravo y varias organizaciones de profesionales e integrantes de la Unión Cívica Radical que aseguraban que era contraria al “espíritu de la reforma de 1918”
Luego de estos reclamos a principios de 1981 se anuncio que asumiría la presidencia el teniente general Roberto Eduardo Viola, quien nombro como Ministro de Educación al ingeniero en telecomunicaciones egresado de la UBA, Carlos Burundarena, quien había sido funcionario del ministerio. Su gestión fue la mas corta del periodo (sin contar la de Harguindeguy) y se desplegó en un escenario político y social en el que se produjo un resurgimiento de las protestas estudiantiles en la UBA, La Plata y Córdoba.
Una nota periodística resaltaba que se habían producido estas acciones publicas en los centros de estudiantes y que “hasta el día de hoy estaban prácticamente desaparecidos de los claustros y de todo tipo de acción publica”  no obstante, mencionaba con preocupación que los estudiantes se estaban re alineando, lanzaban declaraciones y anunciaban “su decisión de salir a la calle cuando sea necesario” (10)

EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA DICTADURA TERRORISTA

En diciembre de 1981 el general Leopoldo Galtieri asumió la presidencia, su nuevo ministro fue Cayetano Licciardo, militante activo de la Acción Católica Argentina.
Su primer discurso fue muy criticado por la prensa. En una nota se afirmaba que el ministro no había hecho mención a “los actuales problemas de la universidad”, el presupuesto, los exámenes de ingreso, los cupos cerrados de admisión la existencia de casas híper e hipo dimensionadas y el reconocimiento de competencias y atribuciones profesionales sobre carreras nuevas “por no citar algunas pocas y diferentes cuestiones” (11)
Si bien Gallo había calificado la política universitaria como lo más coherente de todo el gobierno. Hubo que admitir después de la sanción de la ley, el panorama había cambiado y hubo medidas que debieron rectificarse, como la del cupo.
Solo en la Universidad de Buenos Aires los estudiantes pasaron de alrededor de 40.000 en 1974 a 12.000 en 1981.
Entre 1978 y 1982, el porcentaje de ingresantes a la universidad sobre el total de aspirantes paso de un 44 a un 38%, lo que conlleva el rechazo en total, de entre 60.000 y 80.000 solicitudes por año.
Con respecto a los aranceles, Gallo admitió que se estaban abonando por debajo de los cálculos previsto y esto le generaba varios inconvenientes porque con lo percibido se atendían los créditos educativos, la concesión de 825 becas, los compromisos con la obra social IOMA y la caja de ahorros que cubría los seguros de vida y los accidentes del personal universitario. (12).
El problema según Gallo era que no tenían cláusulas punitivas como otras universidades y, por eso, los estudiantes “especulaban un poco con los pagos” lo que se acentuaban en fechas próximas a los exámenes. En el caso de que los estudiantes no cumplieran con el pago, no podían rendir exámenes.
En 1982 luego de la derrota de los militares en la guerra de Malvinas y el inicio de la campaña electoral para los comicios de octubre de 1983 la vida política resurgió en las universidades.
El régimen militar trato de perpetuarse en las instituciones, y para ello realizo un llamado masivo a concurso que fue duramente criticado. Ya que favorecía a los entonces docentes interinos.
Muchos de estos concursos fueron impugnados. En la Facultad de Derecho De la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, de 28 concursos fueron impugnados 27.
Las agrupaciones estudiantiles se reorganizaron siguiendo parámetros partidarios, repitiendo así una práctica surgida a principios de los sesenta. 
A comienzos de 1983 el último presidente de facto, el general Reynaldo Bignone, anuncio que el proceso llegaba a su fin ese año.
Licciardo se limito a declarar que no habría ningún cambio en el sistema educativo “hasta que no asumieran sus responsabilidades las próximas autoridades”
A fines de 1983 había en la Argentina 416.000 estudiantes universitarios distribuidos en 49 universidades: 26 de ellas Nacionales, una provincial y 22 privadas.
El sistema privado debido a las limitaciones impuestas al sector publico, había crecido de forma notable su matricula. De un 11% en 1974 se elevo a 19% en 1983.
La hegemonía una vez realizadas las primeras elecciones de centros de estudiantes en la mayoría de las casas de estudio, fue alcanzada por Franja Morada, a fin con la Unión Cívica Radical.

REFLEXIONES FINALES: Como pudimos comprobar en la época de la dictadura terrorista, la Universidad se vio atacada de diferentes formas y por distintos sectores. El secuestro, tortura y asesinato clandestino, de gran parte de los estudiantes, docentes y personal administrativo, fue uno de los horrores más crueles de la historia Argentina.
La intervención de todas las instituciones, el cierre de carreras y hasta universidades, las cesantías masivas, los exámenes arancelados y la restricción de los cupos.
Nada de eso pudo matar las ideas.
Ya al final de la dictadura los estudiantes estaban nuevamente organizados, fueron ellos y ellas en su mayoría y los hijos, madres y abuelas de los desaparecidos los que continuaron pidiendo memoria y justicia, los que lograron que hoy gran parte de los represores estén presos o procesados. En cuanto a la oferta académica  para el año 2011 se distribuye entre 102 instituciones universitarias 48 de gestión pública y 54 de gestión privada con ofertas de pregrado, grado y posgrado, y es mérito de esos docentes que no se dejaron vencer.
Si bien el daño que causaron los represores es irreparable, definitivamente aniquilaron una generación de posibles políticos y profesionales, y marcaron a todas las generaciones venideras, el proceso terrorista  no pudo con su peor enemigo.
LAS IDEAS NO SE MATAN
30.000 DESAPARECIDOS PRESENTES
NI OLVIDO, NI PERDÓN
MEMORIA Y JUSTICIA POR UN NUNCA MÁS

Referencias
 (1) Proceso de Reorganización Nacional: Comprendió el periodo de 1976 a 1983 signado por el Terrorismo de Estado y por la implementación de una profunda reestructuraciones Estado, la economía y la estructura social de la Argentina. Como han señalado algunos análisis, el acceso al poder de las fuerzas armadas se produjo enfrentando a las resistencia activa de algunas organizaciones políticas, armadas y sindicales del peronismo y organizaciones de izquierda, pero también con el consenso de otros grupos sociales y el apoyo de explicito de instituciones como las iglesias y algunos partidos políticos
(2) La junta militar todo el poder en Marzo de 1976. La integraron los represores: Jorge Rafael Videla, en representación del ejército. Emilio Massera, jefe naval, por las fuerzas Armadas y Ramón Agostina por las Fuerzas Aéreas.
(3) Plan Batalla: Encadeno el secuestro de sospechosos de pertenecer a las guerrillas y organizaciones revolucionarias. La tortura en centros de detención clandestinos, el asesinato también clandestino. Los procedimientos de este tipo ya se venían usando de 1970.
(4) El 21% de estudiantes y el 6% de docentes suman un 27%, la cifra de personas desaparecidas en la última dictadura militar asiendo a 30.000 siguiendo esa referencia 8100 estudiantes y docentes fueron secuestrados, torturados, y acecinados.
(5) La Armada controlaba: La Universidad de Buenos Aires, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del plata, Sur y Patagonia.
La fuerza Aérea: Córdoba, Rió Cuarto, Cuyo, San Luís y la Universidad Tecnológica.
El Ejercito: Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta, La Pampa, Lujan, Rosario, Camahue, Entre Ríos, Nordeste, Misiones, Centro de Buenos Aires y Litoral.
(6) Ricardo Pedro Bruera: Entre 1970 y 1973 Ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe, además había sido secretario del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación desde su creación en junio de 1972 hasta el 25 de marzo del 73
(7) Guillermo G Gallo: Graduado de la Facultad de Ciencias Veterinarias (vnlp) en 1949. Decano de esa facultad en la década del 1960. Director de la Universidad de La Plata en 1976.
(8) Entrevista en Rotary Club. El Día, 14 de diciembre 1977. p3
(9) la nación, 22 abril 1980. p.1
(10) La Nación, 4 noviembre1981, p8
(11) La Nación, 6 enero1982. P. 5
(12) El Día, 12 Septiembre1982. P.5


Biografía:
Marcos Novaro. “Historia De la Argentina 1955-2010”. Biblioteca Básica de Historia.
Pablo Buchbinder  “Historia de las Universidades Argentinas”. Sudamericana
Laura García Rodríguez y Germán Soprano “La política universitaria de la dictadura militar Argentina”

2 comentarios:

  1. No leí nada del terrorismo peronista. porque?

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